Tenemos de nuevo otra reforma laboral. Como ya es tradicional, el secretismo de las reuniones que llevan a cabo sindicatos, empresarios y administración impide que se puedan formular alegaciones, peticiones, acuerdos o desacuerdos por parte de los representados. Los representantes, ya sean políticos o sindicales, se arrogan todas las capacidades, todas las interpretaciones de la realidad posibles.

Esta forma de impedir la participación de los trabajadores y del conjunto de la población en el debate que debería ser público, obedece a una estrategia entre las tres partes (administración, CEOE, UGT y CCOO) según la cual si se ‘filtra’ lo que se está negociando, se ‘contaminan’ las conversaciones. Es decir, la auténtica negociación, el verdadero intercambio, no lo que la prensa difunde cuando ya es el texto de un inamovible decreto, sino las transacciones entre los representantes de la patronal y las cúpulas de los sindicatos oficiales son las que deben permanecer en estricto secreto.
Evidentemente, los sindicatos negocian una parte para ellos y otra para nosotros. Por un lado negocian para financiar sus propias estructuras, para conservar su propio poder; ésta es su parte. Por el otro lado, para nosotros, acuerdan que no suban los salarios y que bajen las pensiones, que sigan sin controlarse ni penalizarse los accidentes de trabajo, que en los convenios se desregulen la jornada, el horario y el resto de derechos laborales y encima, intentan hacernos creer que si no es por ellos, estaríamos aún peor.

A mediados o finales de diciembre, los periódicos nos sorprenderán con algunos cambios en los tipos de contrato, reduciendo la indemnización por despido improcedente y aumentando las subvenciones a la contratación, o en las pensiones, quizás aumentando más el número de años necesario para fijar su cuantía, y bajando la cotizaciones empresariales a la seguridad social. Cuando eso ocurra, la indiferencia general será la respuesta. Los comentaristas políticos hablarán del tema según sean sus fidelidades; si son afines al gobierno, en tono de admiración por haber conseguido aunar los intereses de ‘las partes’ y poner las bases del crecimiento económico y la competitividad; si son afines a la oposición, dirán que las reformas son insuficientes, que el crecimiento económico empieza a frenarse; pero todos coincidirán en silenciar sin ningún remordimiento la situación real del trabajo en este país. Todos los que tienen voz estarán de acuerdo en que recortar los derechos de los trabajadores es algo imprescindible para seguir manteniendo los beneficios empresariales. Y también estarán de acuerdo en que es el único camino a seguir. Y por eso tienen voz. Aquellos que nos oponemos, seremos sencillamente ignorados.

Desde la segunda reforma laboral de 1997, sindicatos y patronal han preferido incorporar a los convenios colectivos ‘otra reforma’, más desconocida, más paso a paso, sin grandes pactos como ahora, y por tanto sustrayéndola del conocimiento de la mayoría.

Mientras UGT y CCOO dicen (o decían) defender las 35 horas, en los convenios se han ido incluyendo sistemáticamente cláusulas de desregulación del horario de trabajo para que el empresario pueda disponer del trabajador durante más horas al día según las necesidades de la producción (horas de puesta a disposición) con lo que la media de horas trabajadas en vez de bajar ha subido este año. Por otro lado, se han introducido en los convenios normas para desregular la ordenación y estructura del salario (es decir, que ligan el salario a la productividad de la empresa, aumentando los complementos e incentivos y reduciendo la cuantía del salario base), y también se ha aumentado la movilidad funcional (desregulación de las categorías profesionales). Además, esto se produce después de que en su momento, los sindicatos oficiales dijeran por activa y por pasiva, que iban a “frenar” la primera reforma en los convenios colectivos.

La postura de los empresarios en esta ocasión no tiene grandes variaciones. Vuelven con la misma canción de que la fiscalidad de las empresas y su aportación a la seguridad social es demasiado alta, lo que influye negativamente en la creación de puestos de trabajo y en la competitividad de la economía. Los empresarios se quejan de que aportan más de la mitad de las cotizaciones sociales, y quieren que se reduzca su aportación para igualarse con las empresas europeas. Lo que no dicen, es que, a pesar de su ‘grandísimo’ desembolso, la cobertura social en este país no llega al 50% de la media europea, a los que tanto les gusta parecerse. Lo que pretenden es transferir este ‘gasto’ desde la empresa al estado, de forma que lo que ellos dejan de pagar lo paguemos todos vía impuestos indirectos. Así se verán liberados de esa carga para aumentar su competitividad. Pero todo esto se argumenta bajo una falsedad: no es el empresario quien paga ‘de su bolsillo’ esta aportación, sino que es un pago delegado que hace en nombre de los trabajadores, que así constituyen un fondo futuro; los empresarios pretenden que se le exima de pagar y además que tampoco suban los salarios; que se suban los impuestos que recaen sobre el trabajador y que bajen los del trabajo. Además, al mismo tiempo, siguen pidiendo subvenciones directas a la contratación. Es decir, ellos quieren independencia del estado a la hora de pagar, pero piden al estado que financie los contratos, al más puro estilo proteccionista. De hecho, el Plan de Empleo 2000 establece bonificaciones en la aportación empresarial a la seguridad social por un importe de 285.000 millones, lo que equivale a una rebaja de 1,2 puntos en las cotizaciones y representa un 138% más de reducción que el año anterior. Aparte de este montante, las subvenciones directas a la contratación se cifran en este año en más de 38.000 millones para ‘insertar’ en el trabajo a 71.878 personas, es decir, que cada uno de esos puestos de trabajo (de tan solo dos años de duración obligada) costará más de medio millón de pesetas. En cambio, si estos presuntos ‘insertados’ estuvieran en el paro, no habría un duro para ellos.

Podría parecer incomprensible que los sindicatos siguieran negociando. Pero hay que atender a las contrapartidas reales para ellos en todas estos procesos. En el plan de empleo 2000 se incrementan en un 27% los fondos destinados a la formación de trabajadores. En particular, para la formación continua, se destinan 124.000 millones, cifra nada despreciable si tenemos en cuenta que una parte se ‘invierte’ en clientelismo sindical y la otra va directamente a las arcas de los sindicatos ‘formadores’. En 1999 la cantidad aportada por el estado y las comunidades autónomas (sin incluir los fondos europeos que son magros) fue de 179.153 millones para sindicatos y organizaciones empresariales. Sólo esto es una buena razón para seguir negociando.

La actual tesis que manejan los sindicatos ‘mayoritarios’ es la que propugna que a mayor desarrollo económico, más empleo. Con este argumento nos intentan convencer de que los trabajadores hemos de contribuir al crecimiento del beneficio empresarial, si es que queremos que haya más ‘trabajo’. Pero esto no es cierto. La realidad es que una buena parte del crecimiento económico, no va a crear puestos de trabajo, sino a suprimirlos. Además, si esa receta se cumpliera, no les harían falta ahora reformas laborales. Pero les hacen falta precisamente para enmascarar lo evidente: aunque los empresarios han aumentado sus beneficios un 29%, el paro sólo ha bajado un 2%. Es decir, esos ingresos se han usado para el provecho de bancos, accionistas y sociedades, o para la inversión en tecnología, pero no en puestos de trabajo. Y aún el número de puestos de trabajo que dicen haber creado, se debe al continuo aumento de flexibilización de las condiciones de trabajo, del estancamiento del salario, de la inmensa baja de las cotizaciones empresariales y de las subvenciones al empleo.

¿Cómo puede soportar la mentalidad liberal y privatizadora de los empresarios y políticos actuales que haya que subvencionar la creación de puestos de trabajo? ¿Cómo pueden acordar eso los sindicatos mientras en cambio, está maldito el subsidio de paro?

En la negociación actual, UGT y CCOO se centran en reducir la temporalidad de los contratos. Pero si nos fijamos realmente en lo que dicen, no se refieren a eliminar el contrato temporal, ni siquiera en determinados sectores donde no sólo es innecesario, sino que está produciendo muchos muertos. Tan sólo se pretende introducir algún tipo de “causalidad en la contratación”, regular algo en cuanto a la “duración de los sucesivos contratos temporales” o conseguir alguna especie de “garantía de igualdad de trato” según palabras del mismo secretario de acción sindical de UGT. Es decir, nada. Porque ya existe la causalidad en la actual legislación laboral, porque ya está regulada la contratación temporal y prohibida la encadenación fraudulenta de contratos. No se cumple esa legislación; pero eso es culpa precisamente de la parte empresarial, así que no tiene sentido seguir tratando sobre lo mismo. Respecto a la igualdad de trato, ésta no tiene sentido porque si fueran de “igual trato” que los contratos fijos, los temporales no existirían. Este mismo cargo de la UGT alega que sus peticiones se dirigen a conseguir “medidas económicas y de reforma legal en materia de contratación temporal y subcontratación que supriman cualquier ventaja respecto a la contratación indefinida”. Hacer este tipo de peticiones es hacer brindis al sol, en un intento de hacernos creer que realmente se está ‘negociando’ algo. Con el contrato temporal sólo puede hacerse una cosa: eliminarlo. Y con la subcontratación lo único decente es obligar (y después hacer efectivo, que para eso tienen tantos delegados sindicales) a que las condiciones de empleo y salario de los trabajadores de las subcontratas sean idénticas a las de los de la empresa contratante. Si estos sindicatos han aceptado y aceptan la segmentación de los trabajadores, ¿a qué vienen estos cantos de sirena?

Por otra parte, el tema de la temporalidad puede convertirse en algo manido, una reivindicación de cartón piedra. Porque si se consigue una extensión mayor de la contratación indefinida (no olvidemos que el actual contrato indefinido de 33 días de indemnización deja manos libres al empresario para despedir después de dos años sin que tenga que devolver ni un duro de la subvención recibida por ese contrato) al precio de abaratar el despido improcedente hasta el límite de 20 días por año, entonces, no se habrá conseguido más que un contrato temporal algo más largo con otro nombre. Pero servirá de justificación para aceptar algún tipo de recortes que imponga la patronal, y decir después que ha sido ‘durísima’ la negociación.

Esta reforma laboral conlleva una retórica sindical y empresarial, e incluso del propio gobierno, que no extraña a nadie, que no quiere decir nada y que nadie cree. Incluso genera unas movilizaciones de baja intensidad que han de acompañar a cualquier pacto y que son como los fuegos de artificio: tienen que acompañar a la fiesta. De hecho, se ha convocado para el 14 y 15 de diciembre una huelga en el sector público por la negativa del gobierno de elevar el salario de este personal por encima del 2%. Una huelga que se llevará a cabo en jueves y viernes –lo que ya dice algo de sus probabilidades de seguimiento- y que ha dejado fríos a todos los trabajadores de este sector, en el que la credibilidad de los sindicatos está quizá especialmente reducida a ser una gestoría a la que recurrir para intentar conseguir algún beneficio. La absoluta falta de decencia de la mayoría de los representantes sindicales en el desempeño de sus cargos, sin la más mínima formación, sin el más mínimo interés en luchar por los derechos de sus compañeros y usando la situación privilegiada que les ofrece el cargo en su interés particular, fomentan aún más la decadencia del movimiento sindical en este colectivo.

Finalmente, no se modificará sustancialmente la situación real. En el puesto de trabajo, la ley es algo secundario. Muchos trabajadores no la conocen, no creen que les ampare frente al empresario y tienen un concepto de la justicia muy acertado; de que está del lado de los poderosos. Que la reducción de la indemnización por despido improcedente baje de 45 días a 20, por ejemplo, es algo de capital importancia, pero lo que realmente da que pensar a los trabajadores es como evitar ese despido, más que cuánto cobrará si llega a producirse. El sindicalismo reivindicativo es impracticable en esta situación. En general, la única manera de mantener el empleo es preocuparse muchísimo más de no ser despedido que de cómo o de qué se le contrata a uno. Las únicas formas de defensa efectiva de los derechos pasan por abandonar el trabajo, materializándose casi siempre en los casos de despido, ya sean medidas judiciales o de acción directa.

Tampoco se modificará la progresión de los accidentes de trabajo, puesto que son víctimas de la competitividad, y hace falta no una ley, sino un cambio en la forma de trabajar; no cambiará la firma de los contratos en blanco; ni la firma de los ceses voluntarios para que legalmente no haya despido y el empresario no tenga que devolver las subvenciones; no cambiarán las horas extras que no se cobran; ni el chantaje de los empresarios para trabajar más horas, para no tener vacaciones ni días de descanso.
Tampoco se notará el despido más barato porque en la práctica el despido es libre; no cambiarán los contratos basura, ni los sueldos basura; nada de eso cambiará porque en “la realidad” poco importa en la ley cuando hay que buscar trabajo o cuando interesa mantenerlo. Esta realidad no existe tampoco en las reivindicaciones de los sindicatos, ni en los medios de comunicación. Está en la calle, en las casas, en todos los trabajos, pero no sale a la luz, no es denunciado por quienes pueden y tienen la obligación de hacerlo.
¿Cómo puede importarle a los afectados la reforma laboral si esta de espaldas a su realidad?