La Reforma del Desempleo
EN CLARO

El gobierno del PP ha presentado un proyecto de Ley al parlamento para modificar las prestaciones por desempleo. Esta nueva reforma laboral, como todas las anteriores, supone una pérdida sustancial de derechos, y va a ocasionar fuertes desigualdades sociales.

Hay tres campos a los que se aplica la reforma:

+A. A las prestaciones de desempleo en sentido estricto.
La filosofía que subyace respecto de los desempleados en esta Ley es que el preceptor de prestaciones sociales es sospechoso de cometer fraude, un delincuente sobre el que hay que extremar los elementos de control. Esta sospecha sobre el parado, que sin duda generará sentimientos de culpa, en alguien que tiene bastante con la desgracia de no tener trabajo, ya está generando una agresividad social hacia los sectores menos favorecidos de la sociedad.

El parado se convierte en alguien que tiene que rendir cuentas ante la Administración y exponer su vida privada ante ella. Tiene que explicar los motivos por los que rechaza un trabajo a cincuenta kilómetros de distancia de su domicilio, o porqué rechaza un trabajo que no guarda relación con su profesión. El parado debe trabajar en lo que sea, y donde sea.

+B. A las prestaciones del Plan de Empleo Rural, el PER.
Una de las pérdidas culturales y sociales más significativas del siglo XX en España ha sido la desaparición de la cultural rural. Los pueblos agrícolas se han despoblado, y con ello una enorme tradición cultural está a punto de desaparecer. Sin duda son muchos los factores que han contribuido a este fenómeno. entre otros la atracción por las distintas formas de vida que se pueden ejercer en los núcleos urbanos, pero el más importante ha sido la falta de trabajo y recursos para vivir.

El PER ha permitido que esta situaci6n fuera reversible, y hemos visto cómo muchos pueblos de la España rural han vuelto a tener una actividad y una vida que hasta hace poco les era ajena, a la vez que las nuevas vías de comunicación, físicas y telemáticas, favorecen el desarrollo de lo periférico. Sin propugnar aquí la existencia de sociedades subsidiadas, no cabe sino rendirse ante la evidencia de que, cuando menos, los subsidios contribuyen a rectificar los efectos más negativos y no queridos del mercado.

El precio que cuesta a la sociedad el PER, comparado con los beneficios que se consiguen de esas prestaciones, es ridículo. A nadie con sentido común se le ocurre evaluar el coste de tener espacios naturales protegidos, o el coste de proteger a especies en vías de extinción, ya que el valor de la naturaleza está muy por encima del precio de su mantenimiento. Con el PER deberíamos adoptar la misma perspectiva, el proceso de desertización aumenta con el abandono de los asentamientos rurales, y el valor de la cultura rural está muy por encima del coste del PER.

Es ofensivo ver cómo se despilfarra a manos llenas en eventos culturales y deportivos de valor más que dudoso, mientras que se desprecia a fenómenos culturales directamente vinculados con la vida y la naturaleza. Esta reforma pretende acabar con el PER sin contemplar medidas alternativas para mantener la cultura y formas de vida rurales. Es un disparate histórico descomunal.

+C. Al abaratamiento del despido.
El proyecto presentado por el gobierno pretende hacer desaparecer los salarios de tramitación que se devengan en caso de despido improcedente.
Hay que recordar que en España el despido es libre, y sin coste alguno para la empresa. Cuando un trabajador incumple con sus obligaciones, la empresa le despide y no le tiene que abonar nada. También tenemos que recordar que las obligaciones que un trabajador puede incumplir, y que son causa de despido, son muchas, y se le aplican por los tribunales con todo rigor.
El deber de obediencia del trabajador al empresario es total, y no tiene ninguna limitación. Por tanto el despido es libre y gratis para la empresa.

Solamente en aquellos supuestos en que un empresario quiere prescindir de un trabajador sin ningún motivo, es decir rompe el contrato de trabajo caprichosamente, le tiene que indemnizar. Pero esto ocurre no solamente en una relación laboral, sino en cualquier tipo de relación jurídica.

En estos supuestos la Ley establece dos indemnizaciones, una indemnización de 45 días por año de trabajo, y otra indemnización consistente en que la empresa debe de abonar los salarios que transcurran desde la fecha en que despide al trabajador, y la fecha en la que se extinga por acuerdo, o judicialmente, el contrato de trabajo.

Ahora el gobierno quiere que esos salarios de tramitación corran, no por cuenta del empresario que despidió, sino a cuenta del paro que corresponda al trabajador. Es decir, la indemnización por el incumplimiento por parte del empresario del contrato de trabajo, no lo tiene que pagar el empresario: lo paga el trabajador. Es un caso evidente de transferencia de responsabilidades del infractor al cumplidor. El proyecto del gobierno favorece al infractor al exonerarle de sus obligaciones, y traslada la sanción a quien sufre la infracción, al trabajador.

LAS CONSECUENCIAS INTOLERABLES DE LA LEY

Pero esto, siendo ya intolerable, no es lo más grave. Las consecuencias que esta ley va a tener, y cómo va a influir en las relaciones sociales es mucho peor.

Estamos viendo la aparición y desarrollo del acoso moral en el trabajo como uno de los fenómenos más recientes de la sociedad. Dicen las estadísticas que afecta a unos 3.000.000 de trabajadores. Este acoso moral es proporcional a la pérdida de derechos de los trabajadores. Los contratos precarios y la facilidad del despido generan inseguridad laboral. El desequilibrio brutal en la relación de trabajo a favor de la empresa facilita que el empresario actúe despóticamente contra sus empleados.

A estos no les queda más remedio que sufrir resignadamente el desahogo del patrón. Con la exoneración de abonar salarios de tramitación al patrón se le proporciona un arma más de presión. Si las indemnizaciones que se pagan por despido son ya ridículas, si no hay salarios de tramitación en la práctica significa que la indemnización de 45 días por año de trabajo también se reduce.
Si cuando se produce un despido, el trabajador para cobrar los 45 días de indemnización tiene que contratar a un abogado, y esperar más de tres meses una resolución judicial, y luego ejecutarla, el coste del servicio jurídico y de la espera judicial hará que acepte sin rechistar 30 días o menos de indemnización, ya que si quiere sacar los 45 días le resultará más caro.

Esta facilidad de despido, de abonar indemnizaciones ridículas por extinción del contrato somete al trabajador a los caprichos del empresario. No se puede negar a realizar horas extras sin cobrarlas, ni a cualquier otro abuso, ya que si lo hace le despiden sin prácticamente coste para la empresa.

LA FALSEDAD DE LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO

El argumento del gobierno y la patronal para proceder a este recorte de los escasos derechos que quedan es falso.
Dicen que las empresas están demandado trabajadores y que no se cubren las plazas ofertadas.
Señalan en concreto al sector de hostelería, donde hay una gran demanda de trabajo que no se cubre. Este sector es donde se produce una explotación más inhumana del trabajador. Los trabajadores de este sector trabajan jornadas de 12 horas diarias, sin festivos, ni domingos.

La media de salarios pactados en convenios está en torno a los 560 euros netos al mes, a razón de unas jornadas de 300 horas al mes, da un salario hora de 1.86 euros, o 310 pesetas la hora. Ese es el trabajo que quieren obligar a realizar a los parados. Convertimos en una país de camareros en una España de botijo, pandereta y fiestas para "guiris".

Este mismo gobierno, que ofrece estas alternativas para acabar con el paro, que nos abocan al subdesarrollo, no ha hecho absolutamente nada para mejorar las condiciones de trabajo en el sector de hostelería, ni en ningún otro. Eso no le preocupa, su objetivo es optimizar la explotación del trabajador al menor coste posible.

Además de los desempleados, cuentan también con unos cientos de miles de inmigrantes, que malviven en circunstancias infrahumanas, a quienes culpabilizan del incremento de la delincuencia, y que compiten por los parados por puestos de trabajo miserables. Es el último escalón social: maniatados por una legislación de extranjería que les imposibilita la integración social y laboral.

Pero la sociedad no puede sufrir tanta injusticia y desigualdad sin pasar factura. Este gobierno es el mismo que cuando se enfrenta con un problema social, (la juventud sin motivación, la droga, la delincuencia, la marginación, el fracaso escolar, la violencia doméstica, el envejecimiento de la población...) hecha la culpa a los padres. Dice, los padres no saben educar a sus hijos.
Ese camarero, que está doce horas trabajando, a cincuenta kilómetros de su casa, ganando un sueldo que mal le permite subsistir, tiene que mantener una familia, educar unos hijos, y en sus horas libres darles clases de matemáticas. Ellos son los culpables de no aprovechar las oportunidades que les ofrece este gobierno tan maravilloso.

ELEGIR AL CONTRINCANTE

Frente a esta situación de desolación social, contrasta la falta de conciencia en la opinión pública respecto de estos problemas. El gobierno impone sus leyes sin contestación social. Y es que el sistema a elegido muy bien a su oposición. El primer principio de un gobernante, elegir a su oponente. El PP a través de la campaña mediática del diario "EL MUNDO" consiguió que un político sin relieve, que ha fracasado en su provincia, sea su oponente.

Zapatero, diputado por León, una provincia de tradición socialista, no ha ganado nunca en su provincia. Ha facilitado que León sea dominado por un clan mafioso, que gobierna con mayoría absoluta haciendo continuos desmanes. Zapatero no fue oposición en su provincia, sino la pieza que facilitaba esa dominación absoluta por la derecha. Aznar no podía tener un oponente más cómodo.

En el ámbito laboral pasa lo mismo. La patronal ha elegido como oponente a unos sindicatos mantenidos por el poder. que se hartan de decir que ellos son los representantes legítimos y únicos de los trabajadores. y ni siquiera saben trasladar los problemas laborales a la opinión pública.

La pérdida de derechos laborales sólo se explica si se tiene en cuenta esa falta de oposición social frente a la patronal. La falta de libertad sindical, y el modelo de sindicalismo propiciado por el poder, en el que se entrega el monopolio de la representación de los trabajadores a unos sindicatos sin implantación social, explica la falta de contestación a los abusos del poder.
Estos sindicatos falsamente llamados mayoritarios solamente son eficaces al impedir la autoorganización de los trabajadores en sindicatos sin tutela del poder, y al romper las luchas que se inician al margen de ellos.

Este proyecto de Ley no puede prosperar, hay que arriesgar toda la fuerza en impedir su aprobación. La huelga general e indefinida es inevitable hasta que no cambie la orientación social del gobierno. Si sale adelante la ley que no ose ningún sindicato presentarse a los trabajadores como garantes de sus derechos. Habría que empezar a reconstruir los cimientos sindicales desde cero. Que los trabajadores sean conscientes que las organizaciones sindicales que les han impuesto para que les representen, no les defienden.

El panorama político actual no precisa de organizaciones de extrema derecha, si no los detenemos lograrán consolidar el fascismo democrático.
Si te dejas embaucar por la tele-basura y te inhibes no te quejes después, serás cómplice pasivo de esta lamentable situación.

¡Organízate y lucha!